Los trabajos de investigación sobre ecología del lobo, evidencian claramente que el modelo de gestión basado en controles anárquicos e indiscriminados no ponen solución al conflicto de los daños causados por estos cánidos en Asturias, al contrario, en las zonas de alta montaña los incrementa.
Esta situación es la clave para entender la crispación a la que se llega en determinadas zonas del mundo rural, en un conflicto sobre la presencia del lobo y los daños causados a la ganadería.
La Consejería que dirige Fernando Lastra, se niega a tomar ninguna otra iniciativa práctica que conlleve a aminorar el conflicto, entre ellos, la puesta en marcha de equipos especializados de comprobación de daños que permita un peritaje experto y lleve a los intentos de fraude al juzgado.
No es aceptable, tal como está aplicando el Gobierno Regional, un estricto mutismo ante reclamaciones claramente políticas efectuadas por sindicatos o por ganaderos que reciben subvenciones de la Política Agraria Común de la Unión Europea y que establece que estas ayudas deben de estar asociadas a las buenas prácticas agroambientales.
En este sentido es clamoroso el silencio ante reclamaciones de ganaderos que reciben ayudas por cuantías de hasta 7.000 euros al mes y magnifican los daños de lobo como un argumento que impide su actividad económica.
El conflicto del lobo está ofreciendo a la ciudadanía una imagen falsa sobre la realidad de esta especie y está calando en el sentimiento de que conservar a la biodiversidad es contrario a determinados intereses económicos de la sociedad rural. Nada más lejos de la realidad.
Las reclamaciones falsas son la piedra angular para resolver el conflicto del lobo. Pero desde hace años, la Administración nunca se ha querido enfrentar a este problema con buenos equipos de identificación de daños
o denunciar los intentos de fraude. Pagarlo todo era la estrategia para conseguir el voto rural. Ahora, ese voto sigue reclamando. ¿Qué parte de la reclamación es justa y cual no?.
Los daños del lobo sobre el territorio asturiano son en la actualidad similares a los de hace décadas, a excepción del área de los Picos de Europa. La comprobación, tasación y pago de los daños de manera correcta debería de ser entendido como un complemento de apoyo a una actividad que ya recibe importantes ayudas de la Unión Europea como es la actividad ganadera.
Sin embargo, la Administración asturiana nunca ha llevado a cabo una política de sensibilización rural explicando los condicionantes ambientales que supone recibir esas ayudas europeas. Al contrario, la inmensa mayoría de los perceptores de las ayudas, desconocen qué compromisos ambientales contraen al recibir el dinero comunitario, cayendo en la creencia de que es dinero que reciben de la Administración Regional o los ayuntamientos en función de condicionantes políticos.
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